#Legislativo | Con esta iniciativa, se busca establecer normas y lineamientos que fortalezca la participación ciudadana en nuestro estado.
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Morelia, Michoacán a 10 de junio, 2022.- Con el fin de fortalecer las herramientas democráticas en el estado, Roberto Reyes Cosari, diputado por Morena, de manera conjunta con el diputado por el Partido del Trabajo, J. Reyes Galindo Pedraza, se presentó la iniciativa de reforma que busca sentar reglas claras para acercar al pueblo de Michoacán los presupuestos participativos.
"Los mecanismos de participación ciudadana se han constituido como una alternativa para compensar la democracia representativa, por lo cual hoy día es trascendental que como gobernantes implementemos acciones que fomenten el uso de la democracia participativa, y sobretodo incrementar e incentivar la participación ciudadana como un derecho reconocido en el ámbito internacional y nacional", resaltó Reyes Cosari.
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Esta iniciativa busca establecer en la ley a las autoridades en materia de presupuesto participativo, así como sus atribuciones y obligaciones; asignar al menos el cinco y hasta un diez por ciento del porcentaje del presupuesto anual que ejercen los poderes ejecutivos y ayuntamientos para la participación ciudadana; establecer el objeto y los parámetros dentro de los cuales deberá estar orientado el ejercicio del presupuesto participativo, así como los lineamientos para la integración de los Comités encargados de su ejecución y vigilancia.
También se propone introducir en la ley la figura de la Asamblea Ciudadana, al ser un mecanismo de participación ciudadana necesario para realizar la selección de los proyectos dependiendo en las necesidades prioritarias; por último, propone que el Instituto Electoral de Michoacán sea la autoridad encargada de convocar la consulta ciudadana y organizar el proceso de presentación y selección de proyectos.
Cabe mencionar, el Presupuesto Participativo es uno de los mecanismos de participación directa, por el cual los ciudadanos pueden participar en la designación y ejecución de fondos públicos, cuyo proceso por una parte está ligado al interés público; y por otra parte implica una relación de diálogo entre el Estado y la sociedad, fungiendo así como una herramienta de rendición de cuentas social otorgado a la comunidad.
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