#Michoacán | El dictamen presentado por las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales establece que una vez analizados las pruebas presentadas por los ciudadanos Salvador Juárez C., Sergio Ramírez H. Juan Antonio Torres Torres, Sandra Patricia Irepan, no existen elementos suficientes para iniciar el proceso de Juicio Político.
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Morelia, Michoacán a 15 de julio de 2020.- El Pleno de la Septuagésima Cuarta Legislatura, determinó declarar improcedente la denuncia de Juicio Político en contra del Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo.
El dictamen presentado por las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales establece que una vez analizados las pruebas presentadas por los ciudadanos Salvador Juárez C., Sergio Ramírez H. Juan Antonio Torres Torres, Sandra Patricia Irepan, no existen elementos suficientes para iniciar el proceso de Juicio Político.
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El dictamen presentado por las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales establece que una vez analizados las pruebas presentadas por los ciudadanos Salvador Juárez C., Sergio Ramírez H. Juan Antonio Torres Torres, Sandra Patricia Irepan, no existen elementos suficientes para iniciar el proceso de Juicio Político.
Lo considerandos establecen que se actuó en forma positiva pues se desplegaron “múltiples acciones con el fin de proteger a las personas, ya que el Estado es el garante de la efectiva protección del derecho fundamental, como en este caso lo viene a ser el de salud y la vida, además el Gobernador del Estado de Michoacán es una autoridad sanitaria reconocida constitucionalmente en el artículo 4° de la Ley General de Salud, también lo reconocen como una autoridad sanitaria que en concurrencia de competencias con la Federación, están encargados de instrumentar medidas de prevención y control de enfermedad contagiosas, como en el caso lo viene a ser el virus Sars-Cov2 (Covid-19)”.
Luego de determinar que es improcedente el Juicio Político los legisladores dejaron a salvo los derechos de los demandantes para que interpongan, si así lo consideran para sus fines y ante otra instancia, otra modalidad de juicio en materia administrativa.
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