#Michoacán | El 5% de contratación de personal en gobiernos e instituciones deberá ser de personas con discapacidad: Congreso
Morelia, Michoacán; lunes 9 de septiembre de 2024.- En atención a los principios de pro persona, igualdad y no discriminación, la 75 Legislatura de Michoacán determinó aumentar del tres al cinco por ciento, la obligación de los tres Poderes del Estado, gobiernos municipales, organismos descentralizados, empresas de participación estatal y organismos autónomos, de contratar a personas con discapacidad del total de sus plantillas laborales.
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Fueron las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, en coordinación con Fortalecimiento Municipal y Límites Territoriales y Régimen Interno y Prácticas Parlamentarias, las encargadas de dictaminar la reforma al artículo 42 de la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, para aumentar el porcentaje de personas con discapacidad en las fuerzas laborales.
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Fueron las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, en coordinación con Fortalecimiento Municipal y Límites Territoriales y Régimen Interno y Prácticas Parlamentarias, las encargadas de dictaminar la reforma al artículo 42 de la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, para aumentar el porcentaje de personas con discapacidad en las fuerzas laborales.
Dicha reforma, impulsada por el diputado Roberto Reyes Cosari, garantizará que las personas con discapacidad accedan a su derecho de un trabajo y empleo sin ningún tipo de distinción, exclusión, en goce de igualdad de condiciones, de los derechos humanos y libertades fundamentales en el ámbito laboral.
Asimismo, se le instruyó al Consejo Michoacano para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, el dar seguimiento a la creación y promoción del centro de capacitación laboral para personas con discapacidad, que se establece en el Plan de Desarrollo Integral del Estado de Michoacán de Ocampo.
Finalmente, se estableció que los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los ayuntamientos y aquellos organismos descentralizados y empresas de participación estatal y municipal, tendrán que incluir en el Proyecto de Presupuesto de Egresos, los recursos para la implementación y ejecución de la política pública recién reformada.
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