En los últimos 10 años, 3 sacerdotes han sido acusados de violación de menores: Arzobispo de Morelia

Los acusados se encuentran suspendidos y en espera de que el Tribunal Eclesiástico y autoridades civiles otorguen una resolución

En los últimos 10 años, en Michoacán, tres sacerdotes han sido acusados de violación a menores de edad, sus casos permanecen en los tribunales eclesiásticos.

Informó el arzobispo de Morelia, Carlos Garfias Merlos en su tradicional rueda de prensa dominical, tras oficiar la conmemoración litúrgica.

Garfias informó que en la reunión con los presidentes de las conferencias episcopales de todo el mundo en febrero pasado, con el papa Francisco pidió a todos ser conscientes del deber de denunciar.

"Todos deben de ser conscientes del deber de denunciar los abusos a las autoridades competentes y de cooperar con ellas en las actividades de prevención y de lucha, afirmando así un principio significativo, el primero de los tres documentos es la nueva ley en la que el primer artículo contiene una definición precisa y amplia de la categoría de adultos vulnerables tratados como menores", indicó.

Afirmó que otra novedad toral dentro del propio acuerdo se estableció que aquellos funcionarios eclesiásticos que tengan conocimiento de violaciones a menores de edad y no lo denuncien serán sancionados.

“Tienen la obligación de denunciar y sancionar al funcionario público que no denuncie ante la autoridad judicial vaticana, los abusos de los que haya tenido conocimiento, sin perjuicio del sello sacramental, que es el secreto inviolable de la confesión, esto significa que todos aquellos que en el Estado, pero también al personal diplomático al servicio de la nunciatura, desempeñen el papel de funcionarios públicos, serán sancionados en caso de no denunciar”, citó.

Añadió que el Papa Francisco ha sido enfático en que los abusos sexuales y violaciones contra mejores de edad y cualquier otra persona, no se debe tolerar, de ahí que inmediatamente que se conozca de un caso de algún presbítero que incurra a dicho delito, debe ser puesto ante la autoridad eclesiástica y si la familia lo decide, ante las autoridades.