El diputado por Movimiento Ciudadano, exigió cárcel para todo aquel funcionario que toque un peso del erario público
El coordinador de la Representación Parlamentaria en la 74 Legislatura, Javier Paredes Andrade exigió una investigación exhaustiva y de encontrarse irregularidades se finquen responsabilidades, sobre los 20 procesos por presuntas anomalías en la presidencia municipal del 2015 al 2018, encabezada por Alfonso Martínez Alcázar.
El también diputado único por Movimiento Ciudadano, expresó que es necesario castigar a todo aquel funcionario público “que se sirva con la cuchara grande” o “que toque un solo peso del presupuesto” para demostrar “con hechos y no con palabritas” que la transparencia y combate a la corrupción es una realidad en Michoacán.
Subrayó que para que la lucha por eliminar las irregularidades en el servicio público, sea un escenario verdadero, no solamente basta con la creación de leyes e instituciones, ya que se requiere un debido acompañamiento con acciones legítimas y congruentes que permitan brindar certeza a la sociedad y a la par sirva como lección para todo aquel que llegue al poder público.
Añadió que “en ocasiones a los políticos les sale muy barato, el tema de las inhabilitaciones o multas”, por lo que la 74 Legislatura debe de comprometerse a realizar las investigaciones necesarias, a efecto de aportar los elementos suficientes que permitan que todo funcionario que incurra en irregularidades pagué con cárcel.
Paredes Andrade prometió que de los 20 procedimientos que se encuentran abiertos por presuntas irregularidades contra la administración del independiente Martínez Alcázar, permanecerá vigilante de que se lleve a cabo un proceso abierto, exhaustivo y apegado a la legalidad para que se pueda conocer el destino de los recursos públicos dentro de su mandato al frente de la presidencia municipal.
“Nosotros en Movimiento Ciudadano siempre lo dijimos con mucha claridad, no era un secreto, lo venimos denunciando desde hace mucho tiempo, que había manejo discrecional de los recursos públicos, incluso no descartamos que existan hasta desvíos de recursos públicos para el pasado proceso electoral”, alertó.
Recalcó que la responsabilidad que actualmente tiene la Cámara de Diputados local, es verificar y auditar toda administración, indistintamente del color que está sea, para dar a conocer la utilización del presupuesto del erario público “que ya de por sí es poco, para que sea malversado por los servidores públicos, traicionando la confianza del electorado”.
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