Morelia, Michoacán, a 22 de Febrero de 2019.- Para seguir contribuyendo al buen funcionamiento de la impartición y administración de justicia, el Consejo del Poder Judicial de Michoacán, en 2018, emitió acuerdos relativos a la modificación y ampliación de competencias de juzgados de primera instancia, a reglamentos, disciplina financiera y firma de convenios interinstitucionales.
En dicha anualidad el pleno del Consejo quedó debidamente integrado con la incorporación de Jesús Sierra Arias y realizó 59 sesiones, 48 ordinarias y 11 extraordinarias. Asimismo, emitió los dictámenes de evaluación de desempeño ético y profesional de los magistrados Jorge Pérez Zavala y Armando Pérez Gálvez, ratificó en su cargo a 12 jueces del sistema de justicia penal oral y realizó 66 rotaciones de jueces a diferentes distritos judiciales.
Para dar celeridad a la resolución de asuntos en materia de oralidad familiar, se determinó que ahora el distrito judicial de Morelia cuente con seis juzgados familiares que atiendan exclusivamente procedimientos orales, en tanto que a los juzgados penales tradicionales de Tacámbaro, Puruándiro y Maravatío se les amplió competencia para que ahora conozcan de controversias familiares, civiles y mercantiles; asimismo, se acordó que el juzgado segundo penal de Apatzingán ahora atienda asuntos del orden civil.
Además, se establecieron los lineamientos para que los juzgados de las materias antes citadas promuevan entre las partes en conflicto el uso de mecanismos de solución de controversias con el acompañamiento de personal especializado en el tema. Y, a fin de hacer más eficiente el funcionamiento del sistema acusatorio adversarial oral en la Región Zamora -integrado por ocho distritos judiciales- se creó la Unidad de Gestión con sede en La Piedad, misma que entrará en funciones próximamente.
Apegado a los lineamientos de optimización del recurso humano y material, así como de austeridad y disciplina financiera en la labor jurisdiccional, el Consejo emitió las bases para la integración del Tribunal de Alzada y de Enjuiciamiento -ya sea de manera unitaria o colegiada- con lo que se contribuye a gestionar de manera más eficaz los recursos públicos, racionalizando y economizando al máximo las erogaciones por servicios personales, administrativos y gastos de operación en la impartición de justicia de corte penal oral.
Por otra parte, a fin de cumplir con lo establecido en Ley de Responsabilidades Administrativas se facultó a la Contraloría Interna como autoridad investigadora en asuntos de presunta responsabilidad administrativa sobre el manejo, custodia, aplicación de recursos y rendición de cuentas; aunando a lo anterior, se creó la Secretaría Técnica de Investigación de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos como autoridad investigadora en casos de responsabilidad administrativa que derivaren del servicio de impartición de justicia.
Para tener un control interno más riguroso de los activos de la institución se instituyeron mecanismos para conocer de manera más efectiva la cifra exacta de bienes, el personal responsable del resguardo y ubicación, así como el origen de los recursos utilizados para su adquisición. Además, se aprobó el Reglamento del Departamento de Estadística, para contar con datos certeros que contribuyan al control, administración, vigilancia, disciplina y planeación, así como para otorgar información que se solicite relacionada con el quehacer jurisdiccional.
Finalmente, la vinculación interinstitucional para beneficiar a la ciudadanía se hizo tangible con la firma de dos convenios de colaboración; el primero con la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) para brindar atención integral, ágil y oportuna a mujeres víctimas de violencia; el segundo, con el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) para, entre otras acciones, mejorar cualitativa y cuantitativamente la impartición de justicia, promover la investigación jurídica, así como la difusión de la cultura legal desde las perspectivas judicial y académica.
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