El diputado del PT señaló que la verificación vehicular afecta económicamente a los michoacanos, no ayudan al medio ambiente y es un negocio para particulares.
A finales de este mes quedará derogada la verificación vehicular, aseguró el presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Congreso del Estado, Salvador Arvizu Cisneros.
Ante las molestias que generó la verificación vehicular en la entidad, principalmente del sector transportista, el diputado local manifestó que ya se está trabajando en ese tema para que se solvente a más tardar los últimos días de marzo.
“Ya no es necesario que les hagan caso a algunos personajes, ya está en la mesa el tema de la derogación de este impuesto. Ya es un hecho que a finales de este mes se someterá a votación en el Congreso del Estado la eliminación de la verificación”, aseguró el también Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT).
Salvador Arvizu, puntualizó que este nuevo cobro por parte del Gobierno del Estado no ayudaría al medio ambiente ni tampoco a la recaudación estatal, ya que gran parte de la aportación de la población por dicho impuesto va al beneficio de los dueños de los centros de verificación.
“Este es un negocio de particulares, pues no se beneficia a nadie más que a empresas privadas a costas de la ciudadanía, por ello ya estamos trabajando en derogar la verificación vehicular lo antes posible. No tiene sentido cargarle de impuestos a la población cuando no tendrá ningún impacto positivo para ellos”, agregó.
El diputado petista recordó que, durante la administración del gobernador, Lázaro Cárdenas Batel, ya se había buscado imponer la verificación vehicular, sin embargo, se detectó justamente el problema de que el beneficio sería únicamente para algunos particulares y se echó abajo.
El legislador local estimó que de los poco más de 253 pesos que cuesta la verificación, solo el 15 por ciento de la aportación es para el estado, sin embargo, de este recurso se debe recortar el valor de la calca, la papelería y los costos de operación del programa, por lo que realmente el ingreso es poco o nulo.
Arvizu Cisneros, recordó que durante la administración 2002- 2008, tras el fallido intento de implementar la verificación vehicular, el Gobierno del Estado pagó a los centros de verificación la inversión que hicieron en su momento para activar el programa, por lo que al momento ya no existe compromiso alguno con estas empresas de la actual administración estatal.
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